28 julio, 2017 Equipo Noguerol

La seguridad jurídica en las transmisiones de unidades productivas

(Extracto del Artículo original de Carlos Noguerol para LegalToday)

Para acabar con esta confusión, se reformuló el alcance de la responsabilidad mediante la introducción de una norma de reenvío (art. 146 bis.3) al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que establece la “necesaria” responsabilidad del adquirente de las deudas de los trabajadores y la seguridad social.

A pesar de esta nueva regulación los tribunales han tratado de dar respuesta a dos de los principales problemas que la sucesión de empresa produce en la transmisión de las unidades productivas: la primera, relativa a la competencia del Juez del Concurso o de la Jurisdicción Social para realizar pronunciamientos sobre los efectos laborales y de la Seguridad Social de la sucesión empresarial; la segunda, relativa al alcance de tales efectos.

Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto. Así, en Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante, STS), Sala de lo Social, de 29 de Octubre de 2014, el Alto Tribunal atribuyó la competencia para la determinación de la subrogación de las cuotas de la Seguridad Social a la Jurisdicción Social.

Esta decisión fue corroborada por la Sala Especial de Conflictos de Competencia del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al declarar que “cuando se acciona contra sociedades diferentes de la concursada en liquidación, sin que se encuentren en situación de concurso, la competencia corresponde a la jurisdicción social.”

Recientemente, la STS 442/2017, de 18 de Mayo, citando la anterior STS así como la doctrina sentada por la Sala Especial de Conflictos de Competencia, ha declarado que, cuando se produce la adquisición de una unidad productiva autónoma, el adquirente esté obligado a subrogarse en ciertas obligaciones laborales de la concursada, la competencia corresponderá a la Jurisdicción Social.

Por lo que refiere a la segunda de las cuestiones que plantea la sucesión de empresa en sede concursal, relativa al alcance de los efectos laborales y de la Seguridad Social que se derivan de la misma, es necesario tener en cuenta el artículo 146 bis 4 de la LC. Dicho precepto establece que “la transmisión no lleva aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, con una salvedad consistente en el que el adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.4″, el cual considera expresamente que, a los efectos tanto laborales como de la Seguridad Social, existe sucesión de empresa en los casos de venta de una unidad productiva en sede concursal.

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El TJUE ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión si bien nada ha dilucidado pues deja la puerta abierta, en el Auto del TJUE de 28 de Enero de 2015, a que “…dicho Estado miembro prevea que tales cargas deban ser soportadas por el cesionario aun en caso de insolvencia del cedente”.  El artículo 146 bis LC, nada aclara sobre esta cuestión, ya que no distingue entre los contratos subrogados y no subrogados.

 

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